Haciendo caso omiso a las demandas del pueblo estadounidense los republicanos de la cámara baja se han pasado años obstruyendo el camino hacia una reforma migratoria integral. Después de innumerables intentos de negociar y encontrar un camino a seguir, el Presidente parece estar dispuesto a usar su autoridad ejecutiva para arreglar nuestro roto y retrógrado sistema de inmigración.
Las propuestas que están emergiendo de la Casa Blanca hasta el momento son alentadoras. Entre éstas se encuentra, desde el reformar un sistema de deportación que ha desgarrado a miles de familias, hasta el aumento en la cantidad de visas esenciales para empresas e innovadores.
A medida que el Presidente continúa determinando qué forma tomará alguna acción ejecutiva final, el impacto de su decisión en los vecindarios locales, ciudades, pueblos y en los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberían ser el foco de atención.
Con ese fin, creo que nuestro país debe finalmente eliminar el programa “Comunidades Seguras”, un programa de control de inmigración profundamente defectuoso.
Mi experiencia como asistente del fiscal de distrito inicialmente me motivó a mantener una mente abierta acerca del propósito de “Comunidades Seguras”. No había duda de que el programa necesitaba mejorar. Pero como exfiscal creo que el intercambio de información entre las fuerzas del orden público es fundamental para la reducción de la delincuencia, permitiéndonos conseguir una imagen completa de cualquier acusado y asegurándonos de que mantenemos delincuentes peligrosos fuera de las calles.
Pero, después de dos años en el Congreso, es claro para mí que cuando se trata de la política federal de inmigración el “intercambio de información” es una buena frase que se utiliza para enmascarar una mala política pública.
De cara a un sistema de inmigración roto y a un Partido Republicano que se ha interpuesto en el camino a una reforma migratoria significativa, “Comunidades Seguras” se ha convertido en la máscara de un enfoque de deportación que no logra atacar las amenazas reales.
“Comunidades Seguras” separa a las familias, degrada la confianza en las autoridades locales y coloca la carga de la aplicación de las leyes de inmigración sobre los hombros de nuestros pueblos y ciudades.
Los criminales graves que están en este país ilegalmente deben ser rastreados y enviados de vuelta a su lugar de procedencia. A menudo esto requiere la cooperación entre las autoridades locales y federales. Pero en lugar de servir como un canal de comunicación confiable para ayudarle a los funcionarios de la ley a combatir las verdaderas amenazas, “Comunidades Seguras” se ha convertido en una redada indiscriminada.
A finales de 2013, sólo la mitad de las 1,400 personas deportadas a través del programa “Comunidades Seguras” en Massachusetts tenía antecedentes penales y sólo una tercera parte había sido declarado culpable de un delito grave.
A nivel nacional, al menos una cuarta parte de los deportados bajo “Comunidades Seguras” no tenían antecedentes penales en lo absoluto.
Como resultado, el programa ha erosionado sistemáticamente la confianza de la comunidad en la policía local – una preocupación que escucho a través de Massachusetts, donde los alcaldes de Boston, Somerville y Northampton han dicho que sus ciudades ya no cumplirán con el programa. Estos líderes locales han visto como el miedo a la toma de huellas digitales conduce asuntos como la violencia doméstica y la actividad de pandillas hacia la oscuridad y el silencio, socavando la confianza de la comunidad en la policía local en barrios de alto riesgo que dependen de esta confianza para mantener sus vecindarios seguros.
Además de eso, las huellas digitales son compartidas con ICE en el momento de la detención y no al momento de una convicción – lo que significa que personas inocentes quedan atrapadas en el sistema con ninguna vía para apelar o impugnar el resultado.
En todo el país, “Comunidades Seguras” ha desviado recursos críticos que podrían y deberían ser utilizados en otros lugares. El estado de California estima que en el año 2012 sus contribuyentes pagaron más de 65 millones al año para cumplir con las órdenes de detención de ICE, o el equivalente a más de 700 salarios de la policía estatal. En el condado de Cook, Illinois, los contribuyentes pagaron alrededor de $15 millones al año, o el costo de cerca de 200 maestros de escuelas públicas en Chicago.
Desde California hasta Connecticut, los estados se han visto obligados a tomar el asunto en sus propias manos, pasando versiones del Trust Act (Ley de Confianza), una pieza legislativa digna de elogio que limita las órdenes de detención de ICE a los criminales graves–a quienes se supone deban dirigirse.
Después de haber pasado dicha ley las órdenes mensuales de detención en el estado de Connecticut se redujeron por casi un 75 por ciento y de esos, 90 por ciento tenía, ya sea una condena por delito grave o una orden previa de deportación.
Pueblos, ciudades y estados han tomado medidas porque nuestro país los ha dejado al frente de esta lucha sin ningún tipo de apoyo. Los presupuestos municipales y los policías locales se han visto obligados a pagar los platos rotos de la falla de nuestro gobierno federal de establecer una política de inmigración coherente y consecuente.
Ahora permítanme ser claro: este fracaso es culpa de los republicanos de la cámara baja, quienes se han negado a dejar que votemos sobre la legislación bipartidista que la mayoría de los estadounidenses dicen que quieren y nuestro país necesita con urgencia.
En vista a la falta de acción del Congreso, el Presidente Obama ha demostrado con razón la voluntad de utilizar su autoridad ejecutiva para arreglar un sistema sumamente roto. “Comunidades Seguras” exige un pedazo de esa atención.
En los últimos años, la administración ha llevado a cabo revisión tras revisión de dicho programa. “Comunidades Seguras” ha sido examinado, analizado y estudiado.
Ahora es el momento de actuar al respecto. En estos momentos, la historia de “Comunidades Seguras” es muy simple: el programa no está haciendo lo prometido. Al paralizar la colaboración entre las autoridades del orden público y las comunidades locales y al desviar recursos que deberían ser destinados a amenazas reales, dicho programa nos hace menos seguros.
Así que cualquiera sea la acción que el Presidente tome en las próximas semanas, el programa “Comunidades Seguras”, en su forma actual, debería ser desmantelado y substituido con una política de control migratorio que se dirija a aquellos que realmente suponen una amenaza.
